La FIFA bajo la lupa: Arabia Saudí, el “sportwashing” y su compromiso con los derechos humanos

El pasado 31 de octubre, Arabia Saudí se convirtió en el único candidato para organizar el Mundial de Fútbol 2023, una noticia que, a pesar de su aparente normalidad, ha desatado una polémica en torno al «sportwashing«. Para quien no conozca aún el término, «sportwashing» es una expresión que, en pocas palabras, se utiliza para describir una estrategia de “lavado de imagen” con el fin de mejorar la cara visible de un país a través del deporte.

La polémica sobre regímenes y grandes eventos deportivos

El escenario se asemeja a una narrativa que hemos visto repetirse en los últimos años: un país con un régimen dictatorial obtiene el derecho de albergar un evento deportivo de gran envergadura. En este caso, Arabia Saudí cumple con todos los requisitos formales que exige la FIFA para ser considerado como anfitrión del Mundial, pero ¿qué pasa con los derechos humanos?

Esta pregunta ha rondado el ambiente futbolístico desde que se anunció que Arabia Saudí sería el único candidato. No es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones similares, como cuando Rusia obtuvo la sede del Mundial 2018, Qatar el Mundial 2022 o China organizó los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Estos eventos han llevado a cuestionar si el deporte debería legitimar a regímenes cuestionables en cuanto a derechos humanos.

La FIFA se defiende de las críticas argumentando que Arabia Saudí es una federación miembro más y ha gozado de las mismas oportunidades que el resto. Sin embargo, es importante recordar que en 2007, la FIFA implementó una norma que establece un período de rotación de ocho años entre las ediciones de la Copa del Mundo, impidiendo que un mismo continente albergue dos torneos consecutivos. Esta regla dejaba a Arabia Saudí sin la posibilidad de aspirar a la edición de 2030, ya que Qatar ya había sido seleccionada para el Mundial de 2022.

El proceso de la FIFA para abrir el camino a Arabia

La FIFA, buscando soluciones a esta situación, anunció hace un mes que el Mundial de 2030 se disputaría en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto abrió las puertas a tres continentes diferentes para albergar la competición, pero también excluyó automáticamente a estos países de la carrera por el Mundial de 2034.

Es destacable la conformidad de Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) con esta decisión, ya que se conforma con tres partidos inaugurales a cambio de no organizar un Mundial hasta al menos 2038. Recordemos, la última edición en sudamérica fue en Brazil 2014. Asimismo, esta larga espera plantea interrogantes sobre la justicia y la equidad en la asignación de sedes.

Pero lo que realmente ha generado controversia es el plazo otorgado por la FIFA para la presentación de candidaturas. Sin previo aviso, el organismo que rige el fútbol mundial decidió acelerar los procesos de selección de los Mundiales de 2030 y 2034, obligando a los países interesados a cumplir con todos los requisitos antes del 31 de octubre. Un plazo de días para un evento que se celebrará dentro de 11 años.

Las cuestiones políticas juegan un papel importante

Esta jugada de la FIFA ha generado sorpresa e indignación en el mundo del fútbol, ya que Arabia Saudí, que había avanzado en la preparación de su candidatura para 2030, se encontraba lista para presentarla, pero finalmente se retiró. En un giro curioso, Australia también había expresado su interés en la organización del Mundial 2034 y trató de formar una candidatura en un tiempo récord, buscando el apoyo de Indonesia. Sin embargo, este último país renunció un día antes de que su ministro de Asuntos Exteriores se reuniera en Riad con su homólogo saudí, prometiendo el respaldo de su nación a la candidatura de Arabia.

La pregunta que queda en el aire es si esta cadena de eventos es simplemente una coincidencia o una estrategia meticulosamente planificada. Lo cierto es que el mundo del fútbol se encuentra en un punto crítico, donde la política y los derechos humanos se entrelazan con la pasión por el deporte. La elección de Arabia Saudí para el Mundial de 2023 suscita preocupaciones sobre «sportwashing» y la ética en el deporte, subrayando la necesidad de mayor transparencia en la selección de sedes deportivas.

Algunos datos del pasado Mundial de Qatar que muestran los riesgos que se pueden repetir en el Mundial de Arabia Saudí: condiciones de migrantes, falta de derechos…

El proceso de elección de Qatar como sede

Una investigación de 2014 del periódico inglés Sunday Times aseguró que el país árabe pagó más de US$ 5 millones en sobornos para asegurarse el apoyo a su candidatura.

En 2018 el Sunday Times publicó otra investigación, esta vez acusando a Qatar de llevar adelante una operación para diseminar propaganda negativa sobre sus dos principales rivales en la puja por la sede, Estados Unidos y Australia.¿Podría Arabia y la FIFA estar envueltos en asuntos parecidos?

El clima y el cambio de fecha

La acusación del Sunday Times, con base en correos electrónicos detallando los presuntos pagos, cobró fuerza al considerarse que Qatar era una sede de «alto riesgo» según informes de la propia FIFA, dado el intenso calor, con temperaturas que exceden los 50 grados celsius.

La situación derivó en que el campeonato se trasladara a noviembre, en una medida excepcional.

Las condiciones de los trabajadores migrantes

Como otras monarquías del Golfo Pérsico, Qatar ha hecho un uso extensivo de mano de obra migrante en las últimas décadas, y especialmente para la construcción de los estadios de fútbol para su uso en el mundial.

El país quedó bajo escrutinio mundial luego de que se reportaran miles de muertes entre los trabajadores migrantes, que suelen venir de algunos de los países más pobres del mundo para hacer tareas peligrosas, bajo el calor extremo y por bajos salarios.

Según el periódico británico The Guardian, la cifra podría ascender a 6.500 trabajadores muertos desde 2010, cuando Qatar fue elegido sede del mundial 2022.

La situación del colectivo LGBTQ

Qatar es uno de los 70 países en el mundo donde están criminalizadas las relaciones sexuales entre personas del mismo género, según Amnistía Internacional.

En el país se aplican penas de hasta siete años de prisión por violación de los artículo 285 y 296 del código penal, referidos a estas relaciones.

De acuerdo con Human Rights Watch, hay reportes de miembros de la comunidad LGBTQ arrestados por su actividad online, y el gobierno censura regularmente contenidos relacionados con identidad de género y orientación sexual.

Los derechos de las mujeres

Las mujeres en Qatar, como en otro países del Golfo donde el islam es la religión oficial, se enfrentan a numerosas discriminaciones asentadas tanto en la ley como en la práctica, según Amnistía Internacional.

Bajo el sistema de tutela masculina, las mujeres siguen subordinadas a los hombres (padre, esposo, hermano, etc.) y deben pedirles permiso para decisiones importantes como casarse, estudiar o trabajar.